Según informaron a Servimedia fuentes de la CEOE y de la CNC (Confederación Nacional de la Cnstrucción), ambas organizaciones se han dirigido a los ministerios de Obras Públicas y Justicia para intentar una modificación en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos en este sentido, sin éxito de momento.

Incluso el propio presidente de la patronal, José María Cuevas, transmitió esta pretensión al ministro de Economía, Pedro Solbes, cuando se reunió con él a mediados de septiembre para hablar de los Presupuestos.

La CEOE considera que debe modificarse el artículo 20 de la polémica Ley, a que la existencia de un proceso judicial contra un directivo de una empresa le impide a la Administración su contratación. El criterio de la patronal es que debe existir una "sentencia firme" para inhabilitar a una sociedad y no debe existir la retroactividad.

Fuentes de la patronal indicaron que la interpretación "flexible" que está realizando el MOPTMA (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente) para la contratación con las constructoras no resuelve el problema de fondo, para lo cal sería preciso que la inhabilitación se aplicara sólo cuando haya una sentencia en firme.

El departamento dirigido por José Borrell no aplica la norma con efecto retroactivo y permite contratar con empresas cuyos directivos estén procesados siempre que hayan dimitido o hayan sido destituidos, en espera de una sentencia definitiva.

Los constructores integrados en la CNC van más allá y piden que se separe la responsabilidad del directivo implicado en una actuación irregular del funcionamiento de a propia empresa, de forma que no se inhabilite a una sociedad por la forma de actuar de una sola persona. A su juicio, los accionistas de una empresa no deben sufrir las consecuencias por los posibles delitos de un solo gestor.

La CEOE intenta también que se modifiquen otro apartado del artículo 20 de la Ley: el que menciona la posibilidad de inhabilitación para aquella empresa que tenga infracciones administrativas graves, tales como las derivadas de faltas por seguridad e higiene en el trabajo o elno cumplimiento de la cuota de 2% de trabajadores minusválidos al que obliga la legislación.

En cualquier caso, fuentes de la patronal indicaron que continúan sus gestiones para la modificación de estos aspectos, dada la trascendencia económica que tiene para sus empresas, y después de que su equipo jurídico estudiara su posible inconstitucionalidad, aunque dudaron de su eficacia, debido a la inestabilidad política existente.