El decreto que modificó la ILT, que entró en vigor el pasado 23 de julio, supone que la prestación que recibe el trabajador los primeros días de baja (entre el cuarto y el décimoquinto día, ya que los tres primeros no es preciso justificar la no asistencia al trabajo) correrá a cargo de las empresas y no de la Seguridad Social.

En la carta remitida a Martnez Noval, Cuevas informa al ministro que ya ha recibido las instrucciones de actuación en relación con la modificación de la ILT procedentes de la Secretaría General de la Seguridad Social y señala que suponen "un atropello para las empresas".

Estas instrucciones indican, entre otras cosas, que la reforma de la ILT únicamente alcanza al sujeto responsable de la prestación económica de ILT derivada de enfermedad común y accidente no laboral, correspondiente al período comprendido entre los días 4 y 15de baja, y que durante este período el subsidio o pretación económica correrá a cargo del empresario.

El presidente de la CEOE asegura al ministro que mientras no haya un adecuado desarrollo de la norma que modifica la ILT, se establezcan los oportunos controles y las disposiciones administrativas pertinentes "las empresas seguirán actuando como han venido haciéndolo hasta ahora".

Por ello, Cuevas pide al ministro que, ante la inminencia de los plazos de aplicación de la nueva normativa, "se den or anuladas las instrucciones de la Secretaría General de la Seguridad Social y se dicte la norma de desarrollo reglamentario procedente, tras el informe preceptivo de las organizaciones sociales y el dictamen del Consejo de Estado, según establece la Ley de Procedimiento Administrativo".

EN CONTRA DE LA CONSTITUCION

El responsable de la patronal empresarial critica la vía utilizada por el Gobierno para modificar la ILT, a través del decreto-ley, lo que, a su juicio, es de una "gravedad extrema", yaque conculca el orden constitucional de los artículos 9 y 41 de la Constitución.

Estos artículos hacen referencia al sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, principio de legalidad, jerarquía normativa, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos, así como al mantenimiento por parte de los poderes públicos de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos.

A juicio de la patronal mpresarial, la vía elegida para modificar al ILT, el contenido de la reforma y su filosofía implican "arbitrariedad de los poderes públicos y quebrantamiento de los fundamentales principios contenidos en los artículos anteriormente citados".

Además, según el presidente de la CEOE, la norma modificada supone "la desvirtuación del concepto mismo de sistema de la Seguridad Social como un todo homogéneo de prestaciones -que proviene de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963- financiadas con la apotación de los empresarios y de los trabajadores".

Este concepto, en opinión de Cuevas, significa que la cotización está destinada a la realización material de la prestación, reconocida y gestionada por el sistema público de la Seguridad Social y no por uno de los sujetos obligados a esta aportación, como son los empresarios.

Los empresarios calculan que la modificación de la ILT supondrá un coste adicional para las empresas de 150.000 millones de pesetas al año, mientras el Ministerio de TrabajoSeguridad Social cifra el coste de esta medida en un máximo de 75.000 millones.