Su presidente, José María Cuevas, explicó hoy a un grupo de periodistas que, para la patronal, la inscripción en estos censos no reúne las garantías jurídicas suficientes ni asegura la neutralidad fiscal del nuevo tributo.

Cuevas advirtió que la plicación del impuesto en los términos previstos por el Gobierno puede provocar un fenómeno de "rebeldía fiscal" entre los pequeños y medianos empresarios, y explicó que está percibiendo "una creciente radicalización" de esos colectivos.

Como solución, Cuevas sugirió un acuerdo entre la Administración central y los ayuntamientos para poner en marcha el impuesto pero garantizando que la subida de la presión fiscal municipal sea en 1992 similar a la de la inflación, entre el 5 y el 7 por cien.

Subryó que, si no hay acuerdo, la CEOE no hará ningún llamamiento a la rebelión fiscal, pero tampoco se opondrá a las iniciativas que en esa dirección puedan tomar sus diferentes organizaciones territoriales.

En su opinión, el Gobierno tiene que aclararle a los empresarios y profesionales cuánto van a pagar en 1992 por el IAE y no imponer primero el tributo y descargar la responsabilidad de la fijación de los tipos impositivos sobre los ayuntamientos.

"Eso es poner la carreta delante de los bueyes", firmó Cuevas, quien también invitó a las administraciones públicas a dejar de "pelearse por la pela".

LOS "TAMBORES" DE LA HUELGA

Por otra parte, Cuevas presagió una negociación colectiva "muy dura" si los sindicatos plantean reivindicaciones salariales de entre el 8 y el 9 por cien, y advirtió que incrementos retributivos de ese tenor provocarían un aumento del paro.

Según datos de la CEOE, entre el 30 y el 35 por ciento de los convenios colectivos firmados este año tendrán vigencia también en1992, con unas subidas salariales que oscilan entre y 1 y un 2,5 por cien superior a la inflación.

La patronal considera que las empresas que han firmado esas subidas salariales "se han equivocado", y tendrán que realizar ajustes reduciendo plantillas.

Cuevas pronosticó también una "gigantesca huelga" de camioneros para principios de año, como consecuencia de la subida que provocará en el gasóleo el aumento de los impuestos de hidrocarburos.

Señaló que ya "suenan los tambores" de esta huelga que tiene como precedente otra realizada en octubre de 1990 y que causó unas pérdidas de 50.000 millones de pesetas a la economía española, según una estimación de la CEOE, que denunció a varios de sus promotores ante la Fiscalía del Estado.

El líder patronal aprovechó también su encuentro con los periodistas para acusar al Gobierno de renunciar a la política económica "para pasarse a la política a secas", y auguró una mayor salida de empresas españolas al extranjero para encontrar unos costes laboraes más bajos que en nuestro país.

Entre los países a los que podría dirigirse la inversión española citó los del Norte de Africa, Portugal, y naciones iberoamericanas como Chile, Méjico y Bolivia.

Finalmente, Cuevas anunció la celebración de una conferencia empresarial que tendrá lugar entre el 30 y el 31 de enero de 1992 en Madrid, para estudiar la situación una vez conocidos los acuerdos de la cumbre comunitaria de Maastricht y aplicados los Presupuestos del Estado de ese año.

A este congrso han sido invitados comisarios europeos como Leon Brittan, Abel Matutes y Manuel Marín, representantes del Gobierno español, y portavoces de las patronales de Francia, Gran Bretaña y Alemania.

La CEOE ha puesto en marcha ya varios grupos de trabajo encargados de realizar los estudios e informes que serán presentados a la cumbre, que se celebrará bajo la presidencia del rey don Juan Carlos.