Asi se afirma en su último boletín de situación económica, correspondiente al mes de marzo, en el que la CEOE valora con escepticismo la capacidad del presidente del Gobierno, Felipe González, para provocar cambios en el texto pactado entre el PSOE y los sindicatos.

Para la CEOE, ni González ni el ministro de Economía, Carlos Solchaga, "se han atrevido a poner en duda el contenido del artículo 24 de dicho texto, sin duda la pieza maestra, o artículo 'estrella del mismo".

Ese atículo, añade la patronal, establece la "imposibilidad de despedir a los participantes en una huelga ilegal" y limita esa posibilidad a los promotores del conflicto "presumiblemente liberados de su condición de asalariados de ninguna empresa y miembros profesionales del sindicato convocante de la huelga".

La CEOE juzga "pueril" y "una burla a la capacidad de las empresas" esta regulación, y asegura que la patronal sólo reclama una norma que permita "reducir las 580 horas por cada 1.000 trabajadores qu durante los últimos 10 años y como media hemos perdido en nuestro país, frente a las 30 horas que han perdido los empresarios alemanes, 60 los franceses, 140 los daneses, 170 los británicos, y los holandeses sólo 20 horas".

En su opinión, es una paradoja que "el segundo país en cabeza del pelotón de la conflictividad europea, sólo superado por Grecia, va a dotarse de la Ley de Huelga más tolerante y permisiva. Las consecuencias no se harán esperar. Corregir los yerros es siempre más costoso que evitalos".

ESCEPTICISMO

La CEOE ve con escepticismo incluso la posiblidad de que prosperen, durante la tramitación en el Senado, los cambios sugeridos por Felipe González en relación con los piquetes informativos y la fijación de los servicios mínimos.

A su juicio, las palabras del presidente fueron recibidas "en algunos sectores con demasiado optimismo", ya que no hay razón para creer, "a tenor de los precedentes, que los cambios introducidos en el proyecto en ningún supuesto modificarán los términs pactados por el PSOE con los sindicatos UGT y CCOO".

La patronal prevé que los cambios se reducirán a la corrección de algunas expresiones ambiguas sobre los piquetes. "Pero dudamos -asegura el informe- que se atreva el Gobierno a imponer una regulación restrictiva de la acción de los piquetes, argumentando en defecto de tal iniciativa, la imposibilidad de llevarla a cabo, ante la legitimación que de tales instrumentos de propagación de la huelga, realizó en su día una sentencia del Tribunal Constitcional".

La CEOE echa también de menos una tipificación más amplia de los servicios esenciales y considera inconstitucional "a todas luces" que su ampliación dependa de un acuerdo previo con los sindicatos.

Por otra parte, la patronal se muestra convencida de que las medidas laborales aprobadas por el Gobierno tras superarse los tres millones de parados, especialmente la prórroga a cuatro años de los contratos temporales, sólo pretenden "ganar tiempo hasta las próximas elecciones".

"Es evidete que el Gobierno prefiere 'más de lo mismo', antes de abordar, como sostuvo en su día la CEOE, la construcción de un nuevo equilibrio normativo entre los instrumentos y procedimientos de ingreso en el mercado de trabajo, y los de salida del mismo", señala el informe.

A este respecto, la CEOE reclama el abaratamiento de los despidos en los casos de crisis o reconversión tecnológica que, a su juicio, "no pueden ser tratados como si fueran meros despidos disciplinarios, olvidando que tales circunstancis no son imputables a las empresas, sino que forman parte del sistema de libre mercado".