En un omunicado hecho público hoy, la CEOE afirma que la deuda del Estado con las empresas contratantes podría superar ya los dos billones de pesetas, como consecuencia del deterioro en los pagos que comenzó a producirse a mediados de 1991 y que no ha cesado en lo que va de 1992.

CEOE señala que la mayor deuda de las administraciones central, autonómicas y locales es la contraída con la construcción, sector al que deben unos 800.000 millones de pesetas.

Esta cantidad fue rechazada ayer por el secretari de Estado de Economía, Pedro Pérez, quien afirmó que la deuda contraída por el Estado con este sector empresarial ascendía a finales de mayo a 89.000 millones de pesetas, consecuencia de los gastos corrientes de las administraciones con ese sector en el citado mes.

La preocupación expresada por la CEOE se debe a que "a pesar de las constantes llamadas de atención, no se perciben síntomas de cambio de actitud, sino más bien una continua permanencia en la situación de impago", lo que puede derivar en "onsecuencias graves para el sector empresarial".

La patronal advierte que la situación de impago que, a su juicio, mantienen las administraciones públicas puede tener efectos perniciosos para el resto de la economía, como la incertidumbre de las empresas a la hora de planificar inversiones, y, por tanto, un freno a su desarrollo.

Además, señala CEOE, los recursos que dejan de obtener las empresas por no cobrar las obras o servicios realizados supone una elevación de sus costes financieros, que acban siendo desviados a los precios finales de los productos, lo que o bien repercute sobre la inflación o deja fuera del mercado a las empresas incapaces de generar excedentes.

NORMATIVA ALEJADA DE LA CE

En opinión de la patronal, entre las causas que han provocado esta situación figura la existencia de una normativa, "muy alejada de lo que contemplan las legislaciones europeas", que permite a las administraciones públicas un aplazamiento de los pagos sin devengo de intereses por espacio de 90 días. A su vez, los empresarios critican que los intereses legales por mora en los pagos de los organismos oficiales sean inferiores a los del resto del mercado. "Ello incentiva, una vez más, el aplazamiento del pago, lo que significa un nuevo añadido perjuicio financiero", afirman.

Otros inconvenientes que encuentran las empresas para cobrar sus facturas con las administraciones es la burocracia, fundamentalmente las cautelas excesivas en los certificados y ordenamiento de pagos, que pueden retrasar hsta un año el cobro.

Una de las causas que más aducen los responsables públicos para justificar las demora es, según la CEOE, la falta de dinero, algo que la patronal achaca a la mala previsión del Gobierno a la hora de elaborar los presupuestos, lo que provoca situaciones de "falta de adecuación entre compromisos contraídos y recursos disponibles".

En el comunicado, la organización de empresarios aporta una lista de soluciones, entre las que destaca la de rebajar de 90 a 30 días el plazo de devego de intereses, aproximación de éstos a los del mercado y desincentivación de la mora, mediante un aumento de los tipos aplicables en función de la duración del impago.

Asimismo, las empresas sugieren la creación de garantías para cubrir casos de impagos, mediante mecanismos de absorción de tasas, cuotas o impuestos empresariales.

Como soluciones más urgentes, CEOE señala el reconocimiento de los niveles de deuda pendiente que tiene cada una de las administraciones públicas y la elaboración de u calendario de pagos que permita normalizar la contratación.