El acuerdo entre empresarios y sindicatos se ha fraguado en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva 2004, en la que se analió la reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que afirmaba que "no era factible" que los convenios fijaran edad de jubilación.

Patronal y sindicatos recuerdan que la Disposición Adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores preveía la posibilidad de utilizar la jubilación forzosa como instrumento para realizar una política de empleo, y que señalaba expresamente que en la negociación colectiva podrían pactarse libremente edades de jubilación, sin perjuicio de lo establecido e materia de Seguridad Social.

Sin embargo, el decreto de reforma laboral aprobado por el Gobierno del PP en marzo de 2001 derogó dicha disposición, por lo que el Supremo afirma que "no es factible ya que mediante la negociación colectiva se puedan establecer determinadas edades de jubilación forzosa".

Sindicatos y empresarios muestran su respeto a la sentencia aunque, en su opinión, "el fallo judicial no ha considerado suficientemente el papel que la negociación colectiva tiene en el sistema de fentes del derecho español".

Afirman que el convenio colectivo tiene "una fuerza vinculante que deriva directamente de la Constitución, por lo que no necesita una autorización expresa del legislador para negociar materias de índole económica, laboral, sindical, o cuantas otras afecten a las condiciones de empleo, entre las que, sin duda, se encuentra la jubilación forzosa como instrumento de política de empleo".

Patronales y sindicatos expresan su "preocupación" por los efectos que este fallo pued tener sobre las relaciones laborales y, principalmente, sobre la negociación colectiva.

Por todo ello, han acordado dirigirse al nuevo Gobierno del PSOE para que, "a la mayor brevedad posible", se promueva una reforma normativa que "faculte a los convenios colectivos para pactar, por razones de política de empleo, edades de jubilación obligatoria".

De este modo, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT quieren volver a la situación anterior a 2001, cuando el Gobierno aprobó sin el consenso de los agentes socials la citada reforma laboral.