CEOE recuerda en un comunicado que la Declaración para el Diálogo Social 2004 establece que "el Gobierno y los interlocutores sociales, mediante los instrumentos a su alcance, buscarán de manera concertada soluciones que promuevan la integración laboral de las mujeres y mejoren sus condiciones de trabajo. Igualmente, procurarán la conciliación de la vida familiar y laboral. Y todo ello, en un sentido en todo conforme con el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación".

Pero, según la patronal, "el Gobierno ha hecho caso omiso de las propuestas empresariales en materia de igualdad (...) Son las empresas las primeras interesadas en que la mujer se incorpore masivamente al mercado de trabajo y a la dirección de las empresas. Esta es una de las mejores fórmulas para incrementar la productividad y la competitividad de la economía española".

"El problema parte de que el método elegido para este objetivo, basado en la sindicalización y en la obligatoriedad, con el consiguiente régimen sancionatorio, es el peor de los posibles", agrega CEOE. "Seguramente irá en contra de las metas propuestas".

Tras recordar que en los últimos años la tasa de actividad femenina ha crecido a un ritmo muy superior a la masculina, la organización que preside José María Cuevas advierte de que "este positivo proceso puede verse negativamente afectado por la nueva regulación, que hará que las empresas abandonen estas prácticas y procedimientos que tan buenos resultados están ofreciendo, para cumplir una ley que en muchas de sus formulaciones es menos ambiciosa y eficaz".

El comunicado agrega que el Gobierno "no ha tomado en consideración ningún elemento esencial de los planteados por CEOE, y (...) el texto que se ha presentado a los empresarios supone sólo la sexta parte del contenido previsto".

RAZONES PARA EL RECHAZO

CEOE resume su oposición al texto en las siguientes las razones:

- En lugar de promover y estimular medidas de igualdad, se pone el énfasis en el mero cumplimiento formal de obligaciones impuestas por una ley que, además, genera incertidumbre e inseguridad jurídica.

- Ignora el contexto social en el que actúan las empresas, atribuyendo a los empresarios una responsabilidad que no les corresponde en exclusiva, eludiendo la responsabilidad de los trabajadores, de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad.

- Obliga a la negociación colectiva a tratar esta materia, sin alternativa posible, provocando tensiones y un riesgo de conflictividad que no se corresponde, al día de hoy, con demandas reales contrastadas, disuadiendo la adopción de estrategias empresariales más ambiciosas y efectivas en esta materia.

- Conlleva para las empresas dificultades organizativas y de gestión derivadas de un nuevo régimen de permisos y excedencias adicionales a los existentes.

La confederación empresarial anuncia finalmente en el comunicado que "la situación generada y su incidencia en el diálogo social" será analizada por sus órganos de gobierno el próximo día 15 de marzo.