El documento, que es el resultado de dos semanas de consultas entre la cúpula de la CEOE y las organizaciones afiliadas, detallará las medidas que, a juicio de la patronal, deberían tomarse para mejorar la competitividad de las empresas españolas.

Con ese fin, el documento reclamará una reducción de la fiscalidad que grava a las empresas, la isminución de las cuotas empresariales a la Seguridad, un mercado laboral más flexible y la reforma de la formación profesional.

La CEOE cree también que el pacto de competitividad debe regular el comportamiento de los salarios, la inflación y los Presupuestos públicos, para ponerlos en línea con los de los principales países competidores.

El documento dará asimismo una respuesta a la pretensión del Gobierno de limitar el crecimiento de los beneficios repartidos por las empresas, a fin de que no rezcan más que los salarios nominales.

La posición tradicional de la CEOE a este respecto ha sido la de oponerse al control de los dividendos, por entender que limita la iniciativa de los empresarios y pone en entredicho las reglas del mercado libre.

Otra propuesta de la CEOE consistirá en establecer más ayudas para la incorporación de las empresas españolas a los mercados internacionales, especialmente de las pequeñas y medianas que, por su atomización, carecen de redes de distribución propia. De otro lado, la Mesa del Congreso, órgano encargado de tramitar los escritos remitidos por el Ejecutivo a la Cámara Baja, acordará mañana la remisión del texto gubernamental del pacto social de progreso a la Comisión Mixta Congreso-Senado.

El Gobierno quiere que esta comisión parlamentaria apruebe el documento antes de comenzar a negociarlo con la patronal y los sindicatos. La aprobación está asegurada, dada la mayoría socialista, pero presumiblemente contará con el voto en contra o la abstención e Izquierda Unida y del Partido Popular.