"Decisiones recientes en materia fiscal, como el Impuesto de Actividades Económicas; social, como el incremento de las cuots empresariales al seguro de desempleo, o presupuestaria, como los propios Presupuestos Generales del Estado para 1992, van en contra de los objetivos asumidos en Maastricht por el presidente del Gobierno", asegura la patronal española.

Por el contrario, la CEOE recomienda al Ejecutivo que recorte el gasto público en favor de las inversiones en infraestructuras y equipamientos, diseñe una fiscalidad al servicio del ahorro y la inversión, flexibilice el mercado de trabajo y favorezca la moderación de ls costes, "tanto laborales, como fiscales, energéticos, financieros, etc.".

Asimismo, los empresarios elogian, en el terreno de la política social, "el reconocimiento expreso que se hace en el tratado al papel del diálogo entre los interlocutores sociales (...) frente a cualquier otra actitud que primase el intervencionismo estatal en esta materia".

La CEOE invoca "a la responsabilidad de las autoridades públicas y de los agentes sociales para culminar con éxito el proceso de integración europeo ...) por encima de atribuciones de responsabilidad y de maniobras exculpatorias", en clara alusión a unas recientes declaraciones de Felipe González en las que culpaba a toda la sociedad y no sólo al Gobierno de los fracasos en la lucha contra la inflación.

"Es tan cierto que toda la sociedad debe ser coherente con los grandes objetivos nacionales", afirma la CEOE, "como el hecho de que la Administración, que controla más del 50 por ciento de la riqueza que se crea cada año, es la principal responsabl de que se reduzcan o no estos desequilibrios, especialmente la inflación y el gasto público".

La patronal señala que no es justo trasladar toda la responsabilidad en materia de inflación a los interlocutores sociales cuando el Gobierno, "con sus políticas fiscal o de gasto público y con las rigideces que ha introducido en el sistema económico, está siendo claramente inflacionista".