Los empresarios de escuelas católicas creen que "la situación económica de nuestros centros imposibilita su adaptación a las exigencias dotacionales de la Logse para impartir la Enseñanza Secundaria Obligatoria en los plazos fijados por la ley".

Educación y Gestión se opone en sus conclusiones a que la aplicación de la reforma eduativa sea un "falso pretexto para reducir aulas concertadas, limitar la ampliación de conciertos y que el Gobierno impida la creación de nuevos centros en este régimen".

La enseñanza concertada, suscribieron los congresistas, "se niega a ser tratatada como el sector subsidiario de la escuela pública", por lo que rechazaron el "intervencionismo administrativo", la normativa "confusa, que no resuelve el equilibrio empresa privada-centro concertado" y las "actuaciones unilaterales" de las administracione.

Igualmente, se quejan de que los centros no puedan hacer frente a los impuestos de Bienes Inmuebels y de Actividades Económicas.

Educación y Gestión es una de las patronales de la enseñanza, que integra a 1.852 centros, más de un millón de alumnos y 53.000 trabajadores, por lo que considera que ostenta más de 50 por ciento de la representación del sector.