Durante su comparecencia la consejera apostó por desarrollar políticas participativas "porque sólo desde el acuerdo y la implicación de los distintos agentes sociales podremos seguir avanzando en la mejora de las condiciones de vida de los jóvenes andaluces", remarcó.

Asimismo, Navarro recordó que desde estos centros se presta especial atención a los colectivos en riesgo de exclusión o con especiales dificultades para el acceso al mercado laboral, como es el caso mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad, drogodependientes o minorías étnicas, entre otros.

En este sentido, el último balance de actividad de estos centros referido al pasado año muestra que fueron casi 24.000 los jóvenes atendidos a través de estos recursos de los que 1.265 eran inmigrantes; 415 personas sin hogar; 174 personas con discapacidad y 93 mujeres víctimas de malos tratos.