Así lo dispone el proyecto de Ley de Ordenación del Sector Eléctrico, a cuyo contenido tuvo acceso Servimedia y que el Gobierno aprobará con toda probabilidad dentro de dos semanas, al permitir a las empresas propietrias de plantas nucleares mantener la autorización que tienen para instalar en los mismos terrenos otros tipos de instalaciones generadoras.

Lo que el Ministerio de Industria no está dispuesto a variar, bajo ningún concepto, es el periodo de 25 años propuesto en el borrador para amortizar las inversiones realizadas en su día por estas empresas y que no pudieron recuperar con la actividad normal de las centrales.

En las reuniones mantenidas entre Industria y la patronal de empresas eléctricas, Unea, estas últimas solicitaron al Gobierno reducir el plazo de recuperación de las inversiones de 25 a 10 años, medida que el departamento de Claudio Aranzadi ha decidido no aceptar.

Tampoco ha cambiado la actitud del Gobierno en la valoración de los activos sujetos a moratoria (Industria sigue fijando un "precio" de 625.296 millones de pesetas de diciembre del año 1989 por las inversiones "congeladas"), ni en la forma de liquidar el pago a las compañías, que se hará mediante un recargo en las tarifas eéctricas.

Casi todas las empresas han recogido las cifras del Gobierno en sus respectivos balances, excepto Sevillana de Electricidad que reclama unos 100.000 millones de pesetas más de los que reconoce el Ministerio de Industria por su inversión en Valdecaballeros, al 50 por cien con Iberdrola, dando lugar a una fuerte polémica entre la compañía andaluza y la Administración.

Endesa, grupo eléctrico estatal que participa con un 33 por cien en Sevillana, mantiene su mutismo en esta polémica, ante a inevitable resolución de Industria de no dar "ni un duro más" de lo que ha dicho por la central nuclear extremaña paralizada.

La última valoración realizada por la Dirección General de la Energía sitúa en 335.761 millones de pesetas el valor de los dos grupos paralizados en Lemoniz, propiedad de Iberdrola tras la fusión de Iberduero e Hidrola; otros 278.759 millones en el caso de Valdecaballeros I y II, y 10.296 millones en el de Trillo II (repartidos entre Endesa y Fenosa al 80 y el 20 por cien, repectivamente).

Estas cantidades ha dado lugar a un reparto de amortizaciones anual que, en su mayor parte, sólo ha permitido recuperar los intereses de las inversiones realizadas en las nucleares paradas, mediante el recargo de un 1,4 por cien en la tarifa eléctrica.

Desde el decreto de moratoria, las cantidades pagadas fueron de 24.000 millones de pesetas en 1984, 40.000 millones en 1985, 40.500 en 1986, 41.000 en 1987, 45.850 en el 88, 47.900 en el 89, 51.000 en 1990, 59.600 en 1991 y unos 65.00 en 1992.