Valencia realizó estas declaraciones en una entrevista con Servimedia en el marco del proyecto #TúEresEuropa, que esta agencia realiza con apoyo y financiación del Parlamento Europeo con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que este organismo promueve para fomentar el diálogo con los ciudadanos y recabar ideas para mejorar el continente desde el ámbito social y civil.

Según afirmó, la tasa de actividad de las mujeres con discapacidad en España no llega al 35% (era del 34,6% según los últimos datos), lo que supone 20 puntos por debajo de la población femenina en general. “Y este 35% se refiere a las que están activas”, aclaró, que “para nada significa que todas tengan trabajo”.

Valencia también mencionó la brecha salarial, de 3.000 euros al año entre mujeres y hombres con discapacidad y de 5.600 euros anuales menos si se compara con la población general.

Indicó que en la actualidad ya existen ciertos incentivos a la contratación de mujeres con discapacidad, "pues las ayudas a las empresas por este motivo son mayores que en el caso de los varones". “Sin embargo, no se están obteniendo los resultados esperados”, admitió, “no sé si por falta de oferta o por insuficiencia de las medidas”.

Por este motivo, Valencia propuso establecer cuotas de empleo reservado específicas para este colectivo, igual que las que existen con la discapacidad intelectual por ejemplo en el empleo público.

Con todo, Valencia opinó que “la principal brecha de participación de las mujeres y niñas con discapacidad arranca desde la escuela”. “Se ha mejorado mucho con la educación obligatoria”, admitió, pero “la presencia de mujeres con discapacidad es aún muy limitada” en la Universidad, la Formación Profesional, los estudios de posgrado y en los cursos de capacitación.

De ahí la conveniencia de establecer subcuotas para las mujeres y niñas con discapacidad en el acceso a los estudios, defendió, como clave para “su formación, capacitación y empoderamiento”.

ESTERILIZACIONES

Por otro lado, Valencia resaltó el trabajo de Cemudis para que “a las mujeres con discapacidad se nos considere simplemente mujeres”, cuestión que “aunque parezca obvia”, dista de ser real en la práctica.

Puso como ejemplo el tema de las esterilizaciones no consentidas de personas con discapacidad, que en España se ilegalizaron en diciembre de 2020. “Hasta entonces, se nos estaba negando uno de los derechos fundamentales de las mujeres, como es el de poder ser madres”, apuntó Valencia.

La presidenta de Cemudis apeló de forma directa a las instituciones europeas por este motivo, ya que “varios Estados miembro aún permiten esta práctica”.

ACCESIBILIDAD

A su juicio, “la legislación europea debería ser más estricta y rigurosa”, exigencia que también reclamó para todos los temas de accesibilidad. “El transporte a nivel europeo presenta muchos obstáculos de accesibilidad”, y pidió a la Comisión “una normativa más ambiciosa” para homologar los requisitos de accesibilidad en este terreno entre todos los países.

Asimismo, reclamó que las estadísticas comunitarias recojan datos desagregados por género y discapacidad en todos los ámbitos (educación, empleo, violencia…), pues “en la actualidad no existen y son fundamentales para luego diseñar políticas públicas”.

Valencia también pidió a Bruselas “tener en cuenta la perspectiva combinada de género y discapacidad” en la garantía de ciertos servicios esenciales como la salud, así como en la concesión y reparto de subvenciones para la puesta en marcha de proyectos de promoción social.

REFUGIADOS

Finalmente, se refirió a las personas con discapacidad afectadas por la guerra en Ucrania, para quienes pidió “una protección especial”.

“Necesitan una atención y dedicación mayores primero para ser evacuadas”, ya que la falta de accesibilidad de los transportes y de los refugios les afecta de manera desproporcionada, explicó Valencia.

Una vez fuera de Ucrania, las autoridades deben garantizar que todos los servicios y centros para personas refugiadas son accesibles también a personas con discapacidad, reclamó, así como la información que se les ofrece.

Del mismo modo, también “hay que considerar la intersección entre género y discapacidad” a la hora de asegurar una atención adecuada a las mujeres y niñas que lleguen de Ucrania, concluyó.