En un manifiesto, Cemudis definió la violencia contra las mujeres y las niñas como “la máxima expresión de la discriminación y opresión de género que vivimos la mitad de la población”, y subrayó que este fenómeno se manifiesta también en el entorno de Internet y las redes sociales. “Este año, queremos poner el foco en la violencia de género digital”, resaltó.

Se trata de “una forma de violencia que traslada las agresiones verbales y psicológicas del mundo físico al entorno virtual”, prosiguió, “donde se reproducen, perpetúan y amplifican bajo el paraguas del anonimato”.

En primer lugar, pidió reconocer y tipificar la violencia de género digital dentro del marco jurídico estatal, porque “aunque este tipo de violencia está definida y clasificada en diferentes normativas, es necesario desarrollarla y abordarla de forma específica e integral”.

Cemudis reclamó también a las administraciones los recursos económicos necesarios para la puesta en marcha de mecanismos de prevención, atención y persecución de este tipo de delitos, y propuso incorporar la variable ‘discapacidad y género’ en el desarrollo de las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial, para que las mujeres y niñas con discapacidad “nos sintamos representadas e interpeladas”.

Además, reclamó incluir la educación digital dentro de los programas de educación formal e informal, a fin de garantizar que las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad sepan identificar los tipos de violencia de género digital y ejerzan un uso razonable y responsable; potenciar la participación de menores y adultas con discapacidad en los espacios online, como herramienta de inclusión y calidad democrática de la sociedad; y mejorar los canales y espacios de denuncia desde las instituciones públicas, en aras de asegurar una correcta reparación y una justicia eficaz.

Finalmente, demandó espacios de atención y acompañamiento para las mujeres que viven violencia de género digital, con especial foco en la atención sociosanitaria y en sus efectos en la salud mental; más formación especializada sobre violencia de género digital a los profesionales del ámbito sanitario, jurídico, social y educativo, que incorpore una mirada interseccional y con perspectiva de género; asegurar el acceso a las TIC y la conexión digital, especialmente en el entorno rural; y garantizar la retirada de contenido sexual o violento publicado en internet sin consentimiento.

“El ataque a la intimidad que este tipo de contenidos supone requiere medidas y respaldo jurídico de forma fácil y rápida, evitando la trama burocrática”, concluyó Cemudis.