Estas diligencias se iniciaron tras la presentación por el periodita Jaime Campmany, una de las personas que fueron objeto de las escuchas, de una querella contra el ex director del CESID, el teniente general Emilio Alonso Manglano, tras ser desveladas por la prensa las supuestas prácticas de "La Casa".

Asimismo, la querella de Campmany se dirigía contra las demás personas que pudieran haber intervenido en la comisión de ese supuesto delito, entre ellas el responsable del departamento del CESID que supuestamente realizó las escuchas, el coronel Juan Alberto Perote. La jueza Coronado admitió el pasado 20 de junio la querella contra el ex responsable del CESID y otros miembros del centro de inteligencia por los presuntos delitos de interceptación de comunicaciones privadas, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Al día siguiente, la magistrada acordó el secreto sobre las actuaciones por espacio de un mes, que fue prorrogado otro mes más el pasado agosto por la jueza que la sustituyó en vacaciones.

Dentro de este sumario, la jueza Coronado llam a declarar el pasado 27 de junio al coronel Perote, quien se negó a testificar alegando que ya estaba siendo investigado por estos hechos por un tribunal militar.

Ese mismo día también compareció ante la magistrada el ex responsable del CESID, para quien el fiscal del caso solicitó la imposición de una fianza de un millón de pesetas como presunto autor de un delito de interceptación ilegal de comunicaciones, que la jueza acordó posteriormente.