Según recordó hoy la CECU, a través de su delegación en Cataluña, la Constitución reconoce en su artículo 9.3 la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de los derechos individuales.

La asociación asegura que la aplicción del decreto de Financiación Selectiva de los Medicamentos es lesiva para los intereses económicos de los usuarios y contraria al espíritu de la Constitución.

A su juicio, los poderes públicos deben garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los intereses económicos de los usuarios, según se recoge en el articulo 51 de la constitución.

La CECU estima que los usuarios no deben correr íntegramente con el precio delmedicamento sin ningún tipo de financiación.