Así lo reclamó en un comunicado en el que valoró los “esfuerzos” del Gobierno de Pedro Sánchez para “proteger” a los españoles del alza de precios de la electricidad, reflejada en una inflación que, a su juicio, “afecta, especialmente, a los consumidores más vulnerables”, al tiempo que lamentó que la nueva medida “no supondrá una rebaja sustancial” en la factura de los consumidores domésticos, "más allá del ahorro del 15 %” anunciado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Además, puntualizó que se trata de una medida “de carácter temporal, con un efecto limitado” porque “no sólo la Unión Europea aún no ha abandonado” un sistema de conformación de precios que, insistió, “se ha demostrado obsoleto con la crisis actual”, sino que "continúa avanzando en la interconexión y el mercado único de la energía a pesar de las múltiples realidades que conviven en la Unión”.

LOS DÍAS CONTADOS

En este sentido, la confederación defendió que el sistema de fijación de precios actual “tiene los días contados” e hizo hincapié en que fue “ideado para un sistema de producción fósil”, mientras la transición energética “nos dirige, como no puede ser de otra manera, hacia otras formas más limpias de generar energía”.

“Desde hace más de un año, los consumidores españoles están sufriendo una continua escalada de precios que, aunque se ha dado por una serie de causas diversas, ha sido posible porque el sistema eléctrico vigente legitima las actuaciones abusivas contra los consumidores”, sentenció la confederación, convencida de que los usuarios “se ven penalizados por el precio de una porción minoritaria de la energía que se consume en España”.

Según su punto de vista, si el país aspira a “seguir avanzando” en la producción de energías renovables, para, entre otras cuestiones, alcanzar los objetivos climáticos, “no tiene sentido que el precio de la electricidad siga viniendo determinado por fuentes fósiles, como el gas”.