CEAR lamenta además que esa ampliación de plazo no tendrá en cuenta el tiempo que transcurre en los casos de solicitud de asilo.

La ONG destaca en una nota de prensa que "el enfoque y la prioridad de las políticas migratorias deberían orientarse hacia la integración social a la que alude la vigente Ley de Extranjería y al escrupuloso respeto de los derechos humanos, y no limitarse a medidas de control y represión".

"La ampliación del plazo de internamiento, que supone una privación de libertad para personas que, recordemos, no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa, no se justifica ante la actual realidad migratoria en España", asegura CEAR.

A su juicio, "con el actual marco normativo se están devolviendo alrededor de 100.000 personas al año, y los problemas para la documentación de las personas deben resolverse mediante la cooperación con los países de origen".

Además, CEAR recalca que "el hecho de que el periodo de internamiento quede suspendido cuando se produce una solicitud de asilo supone una penalización adicional para personas que buscan una protección internacional, que está recogida por la Convención de Ginebra sobre los Refugiados que España ha firmado".

"Puesto que el plazo para la admisión a trámite de una solicitud de asilo asciende a 60 días tal como se aplica ahora en los Centros de Internamiento de Extranjeros (Cies), un demandante de asilo podría en la práctica estar internado hasta 120 días", explica la ONG.

Por todo ello, CEAR exige al Gobierno que rechace la directiva europea de retorno que se encuentra en discusión en la Unión Europea. "Esta directiva supone una de las más graves vulneraciones de los principios y valores de la UE", concluye la ONG.