Cear hace esta petición tras asegurar que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en su Informe Anual 2008, le ha dado la razón sobre su denuncia de estas expulsiones.

La ONG recuerda que el citado informe afirma que "ha quedado acreditada la práctica de unas devoluciones por la vía de hecho, con ausencia del procedimiento legalmente establecido, y en las cuales se ha lesionado el derecho constitucional de los interesados a la asistencia letrada".

"Asimismo", añade el informe, "ha quedado acreditado que se realizaron devoluciones de personas que se encontraban ya residiendo en territorio español como solicitantes de asilo o con cita concedida para realizar la solicitud".

Para el Defensor del Pueblo, los hechos constituyen "una muy grave vulneración de la normativa de extranjería, y debieron ser investigados con la diligencia y la profundidad que merecían".

El 28 de diciembre de 2004, la Guardia Civil de Ceuta detuvo y expulsó a nueve personas que contaban con la documentación que les acreditaba como solicitantes de asilo.

Ante las denuncias de Cear, el Defensor del Pueblo requirió información a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la comandancia de la Guardia Civil de la misma ciudad, requerimiento que no ha sido atendido.

Por ello, Cear solicita que la Fiscalía General investigue a fondo lo sucedido y adopte las medidas correspondientes contra los responsables de las expulsiones de solicitantes de asilo.