CEAR reitera en una nota de prensa su denuncia sobre las trabas que un solicitante de asilo tiene para ser reconocido como tal, especialmente para que su solicitud sea estudiada de manera individual y en profundidad.

"El borrador del anteproyecto de ley no sólo no suprime dichas trabas, sino que las consolida: se introduce el concepto de terceros países seguros, aquellos en los que no se justificaría pedir protección internacional", afirma.

Añade que "no sólo se mantiene el procedimiento de inadmisión a trámite, por el que, entre otras cosas, en un tiempo récord la administración determina si una historia de persecución es verosímil, sino que se refuerza y se introduce un procedimiento abreviado".

Tampoco se contempla que se suspenda una expulsión cuando un solicitante de asilo inadmitido presenta un recurso y desaparece el papel del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el procedimiento de asilo en frontera, cuyo informe favorable dejaría de ser garantía para la suspensión del retorno.

Asimismo, CEAR denuncia que se debilita el papel de las organizaciones sociales, y se diluye la asistencia letrada, que queda reducida a una referencia genérica.

También indica que, "como elemento de especial preocupación, desaparece la posibilidad de solicitar asilo en España por vía diplomática, lo que, en el actual contexto de crecientes dificultades para siquiera tener acceso al procedimiento, constituye una medida injustificada y de especial gravedad".

"En definitiva", concluye CEAR, "de aplicarse la reforma anunciada en el borrador del anteproyecto de ley, la institución del asilo se convertiría en una figura decorativa y que acabaría con el compromiso de nuestro país en la atención a los refugiados".

Las cifras actuales ya dan cuenta de la grave crisis que vive el derecho de asilo en España. En el primer semestre de 2008, las solicitudes han descendido un 43,4% respecto al mismo periodo del año anterior (de 4.177 personas a 2.361 personas, frente a los más de 20 millones de refugiados bajo mandato del ACNUR en el mundo).

El 52 % de las peticiones han sido inadmitidas a trámite (ni siquiera llegan a ser estudiadas en profundidad) y sólo se ha otorgado protección a 123 personas (un 5 % del total de las resoluciones firmadas por el Ministro del Interior).