Ceapa quiere que el Ejecutivo "envíe así un mensaje de firmeza a las Comunidades Autónomas que intentan vaciar de contenido esta asignatura o dar cobertura a los padres que incumplen la ley".

En un comunicado, Ceapa califica como "un atentado contra el derecho a la educación de todos los niños y niñas, y una burla hacia los padres y madres, la orden de la Comunidad Valenciana por la cual, a partir del próximo curso, los centros educativos de esta comunidad impartirán EpC y los Derechos Humanos en inglés, y con dos opciones de evaluación, una curricular y con asistencia a clase, y otra con un trabajo trimestral, elegido por los padres del alumno".

A este respecto, esta asociación denuncia que "impartir una asignatura en un idioma que no domina el alumnado, por la falta de medios y profesorado de idioma extranjero en esta comunidad, es una manera de invalidarla de facto".

Añade que "ofrecer la posibilidad de aprobar la asignatura con un trabajo trimestral, sobre un tema elegido por los padres, es un fraude de ley, con el objeto de encubrir a los objetores a esta asignatura".

Asímismo, Ceapa expresa "su estupor ante la actitud insumisa de la Comunidad de Madrid, que ha manifestado públicamente que garantizará a quienes no cursen esta asignatura una 'atención educativa', en palabras de Lucía Figar, consejera de Educación de esta comunidad, permitiendo así a un reducido número de padres el incumplimiento de una ley aprobada por el Parlamento".

Esta confederación recuerda a las Administraciones educativas que "deben poner en marcha los mecanismos establecidos por la ley, cuando los padres no escolarizan a sus hijos, como que el centro educativo informe de este absentismo a la inspección de educación y a los servicios sociales, los cuales deberán recurrir posteriormente a la Fiscalía de Menores".