En declaraciones a Servimedia, la presidenta de Ceapa justificó su rechazo por considerar que se ha llevado el caso "muy lejos", y dijo que "judicializar la vida cotidiana y la educación es una barbaridad".

Concretamente, la juez de Barcelona que lleva este caso ha abierto diligencias por un presunto delito de atentado, castigado con penas de entre uno y tres años de prisión, a los padres de un alumno que agredieron y amenazaron a dos profesores y a un conserje del colegio Eduard Marquina de Santa Coloma (Barcelona).

"La violencia no se genera de un día para otro, sino que se darían previamente situaciones de violencia verbal y amenazas. Si en ese momento estos padres y profesores hubieran optado por una mediación del conflicto, no se habría llegado a este punto", concluyó la presidenta de Ceapa.