El recurso se basa en la posible vulneración de los artículs 14 y 16 de la Constitución española, según informaron hoy fuentes de la Ceapa, que recuerdan que el primero de ellos garantiza la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón, entre otras, de religión, mientras que el segundo consagra la libertad ideológica, religiosa o de culto y establece que nadie podrá ser obligado a declarar sus creencias.

Para la Ceapa, "el hecho de que el decreto prevea unas horas de actividades obligatorias y alternatias a la Religión, así como que dichas actividades en determinados cursos estén relacionadas con la historia y la cultura de las religiones, podría suponer una vulneración de ambos artículos".

Según las mismas fuentes, el recurso presentado argumenta que, aunque los centros públicos están obligados a ofertar la enseñanza religiosa, el hecho de que se obligue a los alumnos que no quieran recibir esa enseñanza a cursar una actividad alternativa con carácter obligatorio, tal y como refleja el real decreto supone que el reconocimiento de un derecho para unos tiene como contrapartida el establecimiento de una obligación para otros.

De esta forma, el decreto de unos vendría unido a la obligación de otros como si formara parte de una sola unidad, cosa que, a juicio de la Ceapa, no es cierta, "ya que tanto el derecho a la enseñanza religiosa como el de libertad ideológica no se tienen que establecer con carácter alternativo ni contrapuesto, son independientes uno de otro y, por tanto, pueden ser ejercitado como tal".