En concreto, esta "discriminación" afectaría a "un considerable número de consumidores", que oscilaría entre 1,5 y dos millones de usuarios, según datos de esta organización.

Ceaccu recordó que la razón de ser de la Tarifa de Último Recurso (TUR) es cumplir con una directiva comunitaria para garantizar el acceso al suministro de electricidad a precios razonables a todos los clientes domésticos.

Esta organización de consumidores entiende que "no está justificado que las condiciones del mercado aconsejen la exclusión de estos consumidores a la tarifa de último recurso, especialmente dada la situación de crisis económica. No tanto porque esta tarifa vaya a ser la más barata, sino porque obligará a los consumidores excluidos a acudir al mercado liberalizado en busca de mejores ofertas".

En caso de no hacerlo, la falta de formación del consumidor medio y la deficiente información hasta ahora facilitada, el suministro de este grupo de consumidores pasará automáticamente a ser asumido por una comercializadora.

Esta apliacará "un precio un 5% superior y que se irá incrementando con el tiempo, tal como avisa el modelo de carta que las eléctricas harán llegar a los usuarios y que ahora Industria ha sometido a consulta", concluyó Ceaccu.