Esta entidad privada, según CEACCU, dicta laudos de arbitraje de orign ilegal, que pueden acarrear graves consecuencias para el consumidor y que pueden llegar incluso al embargo de bienes.

A juicio de CEACCU, la actuación de esta asociación privada de arbitraje es grave por tres razones: genera confusión y descrédito del Sistema Arbitral de Consumo público, el usuario sólo dispone de cinco días para impugnar el laudo mediante un recurso y, finalmente, porque ese laudo puede llevar al embargo de bienes y al pago de las costas del proceso y de los honorarios del árbitro. CEACCU considera está situación ilegal, tras estudiar la ley 7/1998 de Condiciones Generales de la Contratación, en cuya disposición adicional primera establece que "tendrán el carácter de abusivas al menos las cláusulas o estipulaciones siguientes (...) La sumisión a arbitrajes distintos del de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un supuesto específico".