Concretamente, dicha modificación prevé penas de cárcel para los conductores que sobrepasen en 50 kilómetros por hora la velocidad permitida para vías urbanas y en 70 la de las interurbanas, para quienes superen la tasa de un gramo o más de alcohol en sangre o para los que circulen con su vehículo sin permiso de conducir.

"Además de que estas declaraciones de intenciones tienen que convertirse todavía en norma y aún han de seguir un amplio camino legislativo, desde CEA entendemos que no se pueden llevar todas las infracciones de tráfico al ámbito penal, ni se debe recurrir al Código Penal como solución a todos los problemas de la alta siniestralidad", afirma la asociación.

El Comisariado Europeo del Automóvil apuesta por el fomento de medidas educativas, formativas e informativas en la materia, lo que, a su juicio, "sería más eficaz y produciría mejores resultados".

Según la organización, "el Gobierno no puede dejar de lado sus funciones y trasladar al ciudadano toda la responsabilidad, criminalizando todos sus comportamientos como conductor. Lo que debe hacer es darle todas las oportunidades necesarias para evitar llegar a situaciones de reproche, y ello pasa por incluir y desarrollar planes de educación vial, procurar una máxima difusión de las conductas que favorecen la seguridad vial y velar por su continua formación como conductores".