Según la CEA, con esta actuación se transgrede la normativa reguladora del procedimiento de gestión tributaria, regulado en la Ley General Tributaria, así como lo dispuesto sobre el plazo de pago de las deudas tributarias que establece el Reglamento General de Recaudación. El comisariado dice haber detectado un creciente malestar social entre los automovilistas madrileños, que además se encuentran por este motivo en una situación de indefensión jurídica.

Para la CEA, esta medida supone también una coacción e intromisión "intolerable" en el patrimonio administrativo y viola los derechos constitucionales de legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Por ello, solicitan al Defensor del Pueblo que inste al Ayuntamiento e Madrid para que modifique de nuevo la ordenanza y la adecúe a las disposiciones legales vigentes, suprimiendo la obligatoriedad de abonar la tasa antes de retirar el vehículo de los depósitos municipales.