Según fuentes de Agaden, la petición de ayuda es consecuencia de la documentación que la asociación gaditana envió a la CE en septiembre de 1990, que incluía las denuncias interpuestas por los ecologistas de la provincia sobre las irregularidades detectadas en el Parque Nacional de Doñana.

El director general del citado organismo comunitario, C. Legras, indica en el escrito reibido por Agaden que, "como quiera que todos los proyectos cofinanciados por la Comisión deberán estar señalizados sobre el terreno desde su inicio, les ruego nos presten su valiosa colaboración indicándonos cualquier anomalía que pudiera eventualmente observarse en la ejecución de los mismos".

Legras especifica, además, que "en todas las decisiones aprobatorias de los programas introducidos por el Estado se insertan cláusulas exigiendo el respeto al medio ambiente, que impedirán, con las medidas prevstas para el seguimiento, que se cometa la más mínima agresión contra el Parque de Doñana".