Esta reducción supone, en cifras absolutas, que de los 10,8 millones de ecus (unos 1.400 millones de pesetas) solicitados por la Comisión de Consumidores, el Consejo sólo aprobó 4,3millones de ecus (559 millones de pesetas, aproximadamente).

Según la UCE, la medida puede tener cosecuencias más graves en España, porque "precisamente ahora la CE quería potenciar las asociaciones del sur de Europa, a la vista de su desigual desarrollo y, en consecuencia, de su menor capacidad de protección en relación con las del centro y norte de la Comunidad".

El recorte suprime los gastos destinados a "Representación de los consumidores" y al fortalecimiento de las estructuras de "Representación y defensa de los consumidores".

De este modo, en opinión de la UCE, el Consejo Consultivo de os Consumidores de la CE queda anulado y también su capacidad de interlocutor de los intereses de los usuarios cuando se elaboren directivas comunitarias.

A juicio de la asociación, esto significa "suprimir a uno de los interlocutores, los consumidores, en el proceso de creación del Mercado Unico Europeo, así como anular su capacidad de contrapeso ante la presión de multinacionales y empresas que no consideran las necesidades de protección del ciudadano".

Otras consecuencias de la decisión del Cosejo serán, asegura la UCE, el bloqueo de los estudios emprendidos sobre la situación de los consumidores en el Mercado Común y la clausura de los Centros Fronterizos de Información al Consumidor, así como de los proyectos para el acceso de los consumidores a la Justicia.