El estatuto subraya que todavía "no es posible proponer una extensión automática a todos los inmigrantes" de todos los derechos de la Carta, en especial el referido a la libre circulación de trabajadores, pero aconseja que se debería aplicar "un criterio de gradualidad" para el ejercicio de estos derechos por parte de los residents permanentes (los que llevan más de dos años en Europa).

"Los inmigrantes que residen legalmente en un Estado miembro deberían poder desplazarse en el interior de la Comunidad en las mismas condiciones que los ciudadanos comunitarios", especifica el texto, que aconseja suprimir los visados que éstos necesitan para los desplazamientos intracomunitarios.

Por otro lado, plantea que las medidas de expulsión de inmigrantes legalmente residentes sólo deberían adoptarse por motivos penales y de seguridd, y que las residencias temporal y permanente no deberían poder ser revocadas por motivos de índole económica.

Además, establece que en caso de divorcio, fallecimiento o abandono los familiares de un trabajador inmigrante no deberían perder la residencia si la hubieran tenido, al menos, durante dos años.

SUPRIMIR PERMISOS DE TRABAJO

El estatuto también recomienda a los estados miembros que supriman los permisos de trabajo y de actividad económica específicos para aquellos inmigrantes que tenga residencia temporal, las normas legislativas que los discriminan de la movilidad de trabajos o de los programas de creación de empleo.

Pide, asimismo, que se les permita el acceso a los empleos del sector público, con la excepción de aquellas funciones que afectan al ejercicio del poder.

Otro apartado se refiere a la adquisición de nacionalidad por parte de estos inmigrantes, la mejor carta para gozar de los derechos comunitarios. La única recomendación que hace el estatuto es que "no se les disrimine".

Finalmente, el texto comunitario recoge otra serie de sugerencias relativas a la integración e igualdad de trato a los trabajadores extracomunitarios, de forma que se les garantice el derecho a una educación y formación profesional, vivienda, asistencia sanitaria y protección de su cultura de origen e identidad cultural.

En definitiva, el estatuto recomienda a los países miembros que establezcan un marco jurídico que enumere los derechos de esos inmigrantes, los sistemas de lucha contra l trabajo ilegal y clandestino, y contra el racismo y la xenofobia.

Este estatuto recoge algunos de los plantemientos que incluye el documento "El desafío de 1992 y los inmigrantes", difundido la pasada semana por el Cáritas Española y elaborado por el Comité de las Iglesias sobre los Emigrantes de Europa y las comisiones de Justicia y Paz.

El citado documento, mucho más ambicioso que el estatuto, solicita a los países miembros que los inmigrantes "tengan derecho a disfrutar de los frutos del Act Unica", que se les garantice la igualdad de trato con los nacionales y que puedan disfrutar de los derechos a la libre circulación o a establecerse en los demás países de la CE.