En el proyecto de directiva figura un considerando en el que se especifica que "la carga de la financiación de estos sistemas debe, en principio, incumbir a los propios establecimientos de crédito".

Esta frase figura en uno de los considerandos, no en el articulado de la ley. En el marco de las normativas cmunitarias, esto supone que no ha habido consenso sobre la medida, y el principio se queda en recomendación.

Si el considerando comunitario se convirtera en norma jurídica en España tendría un efecto inmediato sobre cuestiones como el saneamiento de Banesto, en el que el Banco de España, sobre un agujero reconocido que supera los 600.000 millones de pesetas, aporta la mitad de la financiación.

El significado histórico aún es mayor. Se calcula (las cifras varían según los estudios) que los españols colaboramos con cerca de un billón de pesetas de dinero público al reflotamiento de la crisis bancaria de los años 70 y 80, que afcetó, contando Rumasa, a más de 50 entidades financieras. Ese tipo de sanemaiento no se contemplará a partir de ahora en Europa.

La directiva debe estar vigente el 1 de enero de 1995 en todos los países miembros. Será la nueva norma comunitaria de amplio alcance que deberá ser adoptada a nuestro ordenamiento jurídico. En estos momentos se ultima la ley de adoptación de l II Directiva Bancaria.

Por lo demás, la parte fundamental de la directiva afecta a la cantidad que las entidades aseguradoras de depositos tendrán que proporcionar en caso de crisis. Hoy, en España, el Fondo responde de 1,5 millones de pesetas por depositante. Europa eleva, en este proyecto de directiva, esta cantidad hasta los 20.000 ecus (3,1 millones al cambio de ayer martes)