Según aseguraron hoy a Servimedia fuentes del Tribunal de Luxemburgo, "el Estado español está obligado a poner fin al incumplimiento de la legislación comunitaria, que cita la sentancia en el plazo de tiempo más breve posible".

El pasado 2 de agosto, el Tribunal de Luxemburgo condenó al reino de España por incumplir "las obligaciones que le incumben en virtid del Tratado CEE, al no haber clasificado las Marismas de Santoña como zona de protección especial y al no haber adptado las medidas aecuadas para evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats de dicha zona".

Ahora, las autoridades españolas deberán aclarar qué tipo de medidas correctoras piensan poner en marcha para eliminar toda posibilidad de que la Comisión interponga un segundo recurso.

El proceso por las marismas de Santoña comenzó en marzo de 1987, fecha en la que la Sociedad Española de Ornitología (Seo) denunció la situación de este espacio ante las instancias comunitarias.

Carlos Sunyer, miembro de la Se, explicó a esta agencia que "aún con la denuncia por medio inauguraron la carretera entre Argoños y Santoña y ejectuaron actuaciones que atentaban contra la preservación de las marismas".

ZONA DE ESPECIAL PROTECCION

La Seo solicitaba la declaración de las marismas como Zona de Especial Protección, y la sentencia les ha otorgado la razón, a pesar de que fueron declaradas reserva natural en marzo de 1992. El tribunal cree que está declaración no satisface las exgencias que establece la directiva comuitaria relativa a la conservación de las aves silvestres.

La condena desató la alarma tanto en las autoridades comunitarias, como en el resto de Gobiernos, ya que crea un precedente importante. Además, el Tratado de la Unión contemplará multas para aquellos estados que resulten sancionados por el Tribunal de Luxemburgo.

Domingo Jiménez Beltrán, director general de Política Ambiental, reconoció en declaraciones a Servimedia que "la condena tiene un efecto político importante, ya que le dice al Estdo que no cumple sus obligaciones y no respeta algunos de los acuerdos adoptados".

Sin embargo, indicó que resultará complicado variar o corregir todas las actuaciones realizadas en las marismas, aunque agregó que "ante esta situación es necesario ver lo que se puede hacer para reducir las alteraciones al mínimo".

Entre las actuaciones condenadas también figuran la concesión de autorización para criar almejas en la parte central de las marismas a una asociación de pescadores o el vertido de aguasresiduales sin depurar.