La Comisión está estudiando la respuesta a estas quejas que ofrecieron en su momento las autoridades españolas, para decidir si elabora un dictamen motivado, en cuyo caso España gozaría de un plazo de dos meses para acatar lo que dispone el dictamen. De lo contrario, el caso pasaría al Tribunal de Luxemburgo, que dictaminaría.

Durante los últimos años, la CE ha recibido quejas que denuncian la supuesta degradación quesufren algunos acuíferos del parque nacional, la contaminación de diversas zonas, el vertido de desechos o las construcciones ilegales, entre otros asuntos. Todas las demandas integran un informe con más de 400 páginas y otros tantos planos.

En julio de 1990 la Comisión envío una carta de emplazamiento al Gobierno y en noviembre de ese mismo año recibió la contestación, ante la que todavía no ha emitido respuesta.

Una directiva comunitaria designa una zona de Doñana como área de especial proteccin para las aves, por lo que la CE podría bloquear la concesión de posibles ayudas económicas si el procedimiento no se resuelve a favor de España.

56.000 MILLONES

La comisión de expertos que analizó las posibilidades de desarrollo socieconómico del parque nacional y su entorno cifró en 56.482 millones de pesetas la cantidad necesaria para conseguir dicho desarrollo.

Las autoridades españolas han solicitado a las comunitarias que asuman la mayor parte del coste que requiere conseguir un desarrolo respetuoso con el medio ambiente en el preciado entorno onubense.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha reiterado que una parte importante de esos más de 56.000 milllones, alrededor de 39.000, deben proceder de la CE, ya que los promotores privados tendrán que asumir unos 5.600 millones en concepto de programas de turismo de calidad y proyectos de regadío y cultivos compatibles con la supervivencia de especies vegetales y animales.

Aunque el presidente de la Comisión Europea Jacques Delors, aseguró el pasado mes de mayo que la CE asumirá su responsabilidad para proteger Doñana, la existencia del procedimiento de infracción supone una amenaza para la posible concesión de ayudas.