Esta directiva parte del principio de que para sensibilizar de los problemas medioambientales y promover las mejors prácticas en esta materia es indispensable informar al público y obtener su participación.

La norma, que data de 1990, dispone que los estados miembros deben rendir cuentas la CE de la experiencia adquirida en la puesta en marcha de la directiva.

Estos informes debían haber sido presentados antes del fin de 1996, pero, a pesar de las llamadas de atención, España, Portugal, Italia y Alemania no los han entregado todavía, por lo que la CE les ha enviado una carta para recordarles su obligación. Además, el Ejecutivo comunitario remitió a España dos dictámenes motivados en relación con la misma directiva. Esta decisión se basa en que la Comisión estima que la legislación adoptada por España para poner en marcha la norma comunitaria presenta lagunas y en que la tasa pedida por las autoridades por ofrecer la información es excesiva.

La Comisión explica en un comunicado que su voluntad es "asegurar que el público tenga las máximas ventajas de las disposiciones de la directiva sobre la comunicaión de informaciones, y que la experiencia adquirida en el funcionamiento sea debidamente transmitida a nivel comunitario".