Las denuncias acusaban al Gobierno español de estar incumpliendo en Doñana la directiva comunitaria relativa a la protección de aves silvestres.

Según los ecologistas, las extracciones de agua para los regadíos próximos al parqe, la contaminación de las aguas superficiales con fertilizantes y pesticidas, los tendidos eléctricos y la caza furtiva están poniendo en peligro los hábitats naturales de la avifauna del parque.

A finales del año pasado, el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, contestó al comisario de Medio Ambiente, Carlo Ripa di Meana, que tanto el Gobierno como la Junta andaluza iban a aumentar la protección del parque y su entorno.

La respuesta del Gobierno señalaba también que intenificar la acción protectora sobre Doñana representa un coste social y económico que era preciso evaluar, a fin de poder elegir entre varias alternativas.

Nueve meses después de la respuesta de Fernández Ordóñez, la Comisión ha encargado al profesor Llamas que estudie los datos suministrados por el Gobierno español y analice el impacto en las aguas subterráneas de los varios proyectos de desarrollo que pretenden instalarse en las proximidades del parque, así como cualquier hecho destacable que suceda hsta finales de 1991.

Ramón Llamas, que deberá presentar un avance de su informe a últimos de septiembre, ha pedido al consejero de Economía de la Junta de Andalucía y presidente en funciones del patronato del parque, Jaime Montaner, información sobre el impacto del plan de regadío Almonte-Marismas y de la urbanización "Dunas de Almonte" (antes "Costa Doñana") sobre el parque.