La moción obliga a los estados miembros de la comisión a adoptar medidas, tales como la aplicación de la denominada "mejor tecnología disponible", para reducir y eliminar la entrada de substancias radiactivas en el área marina.

Además, las autorizaciones para realizar descargas radiactivas desde instalaciones de reprocesamiento nuclear se concederán atendiendo a criterios mucho más restrictivos.

Esas autorizciones también deberán consultarse con la Comisión de París, de la que forman parte Francia, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Noruega, Portugal, España, Alemania, Reino Unido, Holanda, Islandia, Irlanda y la CE como tal.

Greenpeace considera que esa moción impedirá a las autoridades británicas activar la planta THORP de reprocesamiento de combustible nuclear irradiado en Sellafield (Inglaterra), ya que, según los ecologistas, no cumple los requisitos exigidos.

La organización internacional mantiene qu la apertura de THORP incrementaría en un 900 por ciento el nivel de descargas radiactivas líquidas al mar y en un 1.100 por ciento las emisiones gaseosas.

Los responsables de Greenpeace han felicitado al Gobierno español por apoyar la moción presentada ante la Comisión de París, si bien han recordado que España ya ha enviado, al menos, 144 toneladas de combustible irradiado de centrales nucleares para su reprocesamiento en THORP.