l pasado mes de diciembre, ante la grave crisis del sector naviero, el Gobierno español solicitó una cláusula de salvaguardia para que durante 12 meses se prohibiera a los buques de los otros países de la CE cubrir los trayectos entre los puertos españoles, al entender que la liberalización podía poner en peligro a la flota española.

La medida adoptada por la Comisión podrá ser ampliable hasta final de año, después que un experto comunitario y otro español valoren su repercusión, y quedan excluidos deesta prórroga los llamados servicios "feeder" (tramos de cabotaje como enlace de un transporte internacional).

De esta forma, se consigue tiempo para que surtan efecto las medidas de mejora de la competitividad de los buques españoles, introducidas a través de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, que incluye la creación del segundo registro de Canarias, con importantes exenciones y descuentos fiscales.

La patronal ANAVE se congratulo hoy de la noticia, a la que calificó de "máxima trasendencia" para las navieras españolas.

Según sus datos, en el último año la flota española perdió 74 buques y el 34 por ciento de su tonelaje de registro. En la actualidad, está integrada por 301 buques, con 1,7 millones de tonelaje y da empleo a 11.500 tripulantes.

Asimismo, las empresas navieras españolas controlan otros 100 buques mercantes bajo otros pabellones, normalmente en "paraísos fiscales", debido a sus menores costes para los patronos.

Por otro lado, el reglamento comunitario quelibera el tráfico de cabotaje continental, prevé que el transporte marítimo de productos estratégicos (derivados del petróleo y agua potable) pueden mantenerse reservado hasta 1997 y hasta 1999 los tráficos con las islas.