Esa decisión otorga un plazo de seis meses a los distintos gobiernos para desarrollar las infraestructuras necesarias que garanticen la adecuada implantación de esta etiqueta.

Los objetivos del reglamento son promover el diseño, producción, comercialización y uso de todos aquellos productos con menor impacto ambiental durante su ciclo de vida, así como proporcionar a los consumiores información sobre las repercusiones ecológicas de esas sustancias.

En España, un grupo de trabajo formado por representantes de la Administración, asociaciones de consumidores, ecologistas y grupos económicós esta elaborando una propuesta que contemple la estructura, funcionamiento y competencias de la comisión que deberá conceder en nuestro país la etiqueta.

Por su parte, la CE ha constituido un Comité Regulador en el que participarán representantes de los doce Estados y cuya misión será esablecer los criterios generales que deberán reunir los productos para obtener el distintivo.