El ejecutivo europeo decidió acudir al Tribunal de Justicia ante la negativa de España a comunicar sus programas destinados a reducir la cantidad de pilas usadas, tal y como estaba previsto en una directiva comunitaria de 1991.

Esta norma pretende promover la valoració y la eliminación de pilas usadas que contienen sustancias peligrosas y reducir así su impacto medioambiental.

La directiva establece que los estados miembros debían poner en marcha sus programas de reducción de desperdicios, el primero de ellos para el período 1993-1997, y ser comunicados a la Comisión Europea en septiembre de 1992 como muy tarde.

La CE también emprenderá acciones legales contra Bélgica y Grecia por no comunicar las disposiciones nacionales y por no satisfacer todas las exigencis de la directiva sobre los programas de reducción de desperdicios.

Otro país afectado es Luxemburgo, al que se ha enviado un dictamen motivado por abstenerse de adoptar una ley nacional que promulgue la directiva europea relativa a los embalajes y a sus desechos.

El ejecutivo comunitario explicó en una nota de prensa que estas decisiones muetran la voluntad de "hacer aplicar integralmente la legislación comunitaria en lo que concierne a los desperdicios, tanto desde el punto de vista de las dispsiciones nacionales indispensables como desde el de las medidas prácticas, sobre todo programas de acción de su reducción."