Esta directiva garantiza el derecho de los ciudadanos al libre acceso a la información sobre medio ambiente que obra en poder de las distintas administraciones públicas.

Los estados miebros tenían de plazo hasta el 31 de diciembre de 1992 para desarrollar las disposiciones legales que garanticen su cumplimiento.

Sin embargo, el Gobierno español no lo hizo, por lo que Greenpeace presentó una denuncia ante la Comisión Europea el pasado 1 de febrero.

Según Xavier Pastor, presidente de Greenpeace España, "el incumplimiento por parte del Ejecutivo de esta directiva demuestra, una vez más, su voluntad de obstaculizar al máximo el acceso a la información medioambiental por parte de lo ciudadanos".

Los reponsables de esta organización ecologista aseguran que han intentado "sin éxito durante años conseguir de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente los datos referentes a la producción de CFCs, compuestos destructores de la capa de ozono".

Además, mantienen que las administraciones autonómicas no son una excepción y citan como ejemplo la negativa de la Xunta de Galicia a facilitar los datos que permitan comprobar si la papelera de ENCE en Pontevedra cumple el Plan de Mejora Amiental, que le obliga a reducir sus vertidos tóxicos a la ría.

Para Xavier Pastor, "es evidente que el incumplimiento por parte del Gobierno de la directiva de acceso a la información tiene como finalidad el perpetuar unas prácticas que deberían ser inadmisibles en un Estado democrático".