La acción judicial está basada en el incumplimiento de la directiva relativa a los nitratos, que data de 1991, y que regula la protección de las aguas contra la contaminación por los nitratos que provienen de productos agrícolas.

Esta directiva exige a los estados miembros que ongan en marcha programas de vigilancia de las aguas de superficie y subterráneas, definiendo las zonas vulnerables y poniendo en marcha programas de acción para reducir la contaminación por nitratos en estas zonas.

También obliga a los países comunitarios a entregar a la Comisión Europea un informe sobre la aplicación de la directiva cada cuatro años.

La decisión del ejecutivo comunitario de actuar contra España se basa, según se explica en un comunicado, en el hecho de que aún no ha definido la zonas vulnerables, ni ha elaborado un programa de acción, ni ha presentado el informe sobre la aplicación de la norma.

El ejecutivo comunitario también emprendió acciones judiciales contra Portugal, por no respetar las directivas sobre aguas de baño y sobre las aguas urbanas residuales, y contra Grecia y Holanda por transgredir la norma comunitaria relativa a la contaminación de las aguas por sustancias peligrosas.