Esta asociación presentó una denuncia contra el Gobierno español en 1988, por no haber adoptado en el plazo fijado, y por tanto incumplido, esta directiva, que fue aprobada cuatro años antes.

os ecologistas arguyeron que el Gobierno, concretamente el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), incumplía el artículo 3 de esta norma, que obliga a las autoridades competentes de cada Estado a elaborar un inventario de las instalaciones médicas y dentales, y a vigilar de forma estricta la protección radiológica de los pacientes y el control de calidad de los aparatos.

Tras la queja de Aedenat, el Gobierno informó a la Dirección General de Medio Ambiente de las Comunidades Europeas que ya se habían emprndido las iniciativas legislativas oportunas para implantar la citada directiva en el derecho español.

Estas medidas legislativas son el proyecto de real decreto sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines médicos -que todavía no ha sido aprobado por el Parlamento- y el proyecto de real decreto por el que se establecen medidas fundamentales de protección radiológica de las personas sometidas a exámenes y tratamientos médicos (entró en vigor el 18 de septiembre de 1990).

REDUCCIO DE LOS CASOS

El último informe del CSN, de diciembre de 1990, señala que en el segundo semestre de ese año se produjeron 22 casos de potencial superación del límite de dosis radiactiva anual.

De ellos, 9 casos correspondieron a personal de instalaciones radiactivas industriales y 13 a instalaciones de rayos X de uso médico.

Según el mismo informe, el CSN controlaba ese año 580 equipos de rayos X médicos en todo el país. Fuentes de Aedenat consideran "ridícula" esta cifra, por cuanto el propo Consejo Seguridad Nuclear estima la cantidad real en unas 20.000 instalaciones.

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los ecologistas defienden la reducción del uso de los rayos X para diagnóstico a aquellos casos en que este método resulta insustituible, buscando en todas las ocasiones minimizar sus efectos sobre los pacientes y, sobre todo, sobre los trabajadores profesionalmente expuestos.