EL CDS PIDE AYDAS CONTRA LA SEQUIA Y CRITICA POR DISCRIMINATORIO EL REPARTO DEL PER PARA 1993

MADRID
SERVIMEDIA

El presidente del CDS, Rafael Calvo Ortega, solicitó hoy ayudas públicas del Gobierno español y de la Comunidad Europea para los agricultores afectados por la sequía, a través de dos propuestas presentadas simultáneamente en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo.

En el texto dirigido a la Cámara Baja, Calvo Ortega insta al Gobierno para que solicite urgentemente la autorzación de la Comisión Europea que permite a los Doce conceder ayudas con el fin de reparar daños y perjuicios causados por desastres naturales o por acontecimientos de carácter excepcional.

El dirigente centrista señaló que su solicitud sólo recoge un paso previo a la concesión de las ayudas, por lo que no tiene sentido demorar su tramitación.

Asimismo, indicó que el escrito dirigido al Parlamento Europeo recoge una solicitud para que apruebe la concesión de ayudas a los afectados por catástrofesnaturales en la CE, previsto en el reglamento de la Comisión Europea, al tiempo que sugiere la creación de un Fondo de Ayuda para casos de catástrofes, capaz de reaccionar con eficacia y rapidez a las necesidades de las zonas afectadas.

En opinión de Calvo Ortega, los ministros de Agricultura de la CE deberían estudiar sin demora la creación de un seguro agrícola para catástrofes, que incluya la agricultura.

PER DISCRIMINATORIO

Por su parte, el secretario general del CDS, José Luis Gómez-Calcerada, calificó de "injusta e insolidaria" la decisión del Gobierno de distribuir todos los fondos del Plan de Empleo Rural (PER) presupuestados para 1993, unos 109.000 millones, entre las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

A juicio del dirigente centrista, la decisión del Ejecutivo "margina a los trabajadores de las demás regiones españolas que se encuentran en similares situaciones de necesidad" y supone "reactivar los métodos caciquiles, contrarios a la modernización del país".

Góez-Calcerrada hizo también una acusación velada de cierto clientelismo por parte del Gobierno, al limitar la concesión de estas ayudas a comunidades autónomas con gobiernos socialistas, lo que permitiría "administrar" mejor esos recursos entre alcaldes del mismo signo.

A su juicio, "se trata de una medida electoralista, con la que el partido del Gobierno pretende, nuevamente, asegurarse el voto de los trabajadores rurales en estas dos comunidades, lo que popularmente se ha denominado el voto cautivo d los socialistas".

(SERVIMEDIA)
30 Ene 1993
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