El documento mantiene que los nuevos fondos estructurales deben tener como objetivo el uso sostenible de los recursos naturales y recuerda que el Tratado de Maastricht y el quinto programa comunitario de acción en materia de medio ambiente subrayan la necesidad de que las cuestiones ecológicas se integren en todas las políticas.

A juicio de Guadalupe Ruiz-Giménez, la Comisión debería desempeñar un papel más activo en las políticas ambientales y no limitarse a la estricta vigilanca de la legislación.

Por ello, defiende la transposición a todos los países miembros de la directiva comunitaria 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos o privados sobre el medio ambiente.

Además, el informe considera que la Comisión debe exigir un estudio riguroso que detalle las consecuencias que tienen sobre los ecosistemas todos los proyectos financiados por los fondos estructurales.

Según la eurodiputada del CDS, debe haber una apertura d estos fondos al público y a las organiaciones no gubernamentales para que puedan participar en el proceso de planificación y control de los mismos.

Precisamente, esta es una de las reivindicaciones formuladas por los grupos ecologistas españoles, que el año pasado denunciaron la existencia de diversos proyectos generadores de importantes impactos ambientales y financiados con estos fondos.