Según asegura CDS en un comunicado, el Gobierno intenta subordinar la libertad de los ciudadanos a una "presunta eficacia policial", se atribuye competencias que son exclusivas del poder judicia y "so pretexto de garantizar la seguridad material", genera una indudable inseguridad jurídica.

Las enmiendas anunciadas irán contra los artículos más polémicos del proyecto de ley, 20 y 21, que hacen referencia a la obligatoriedad de portar el DNI para ser identificado en cualquier momento, y a la facultad de la policía para entrar en domicilios sin mandamiento judicial, cuando haya indicios de narcotráfico.

CDS defenderá, por contra, que se suprima el artículo 20, porque "subordina y limita lalibertad de deambulación y circulación por las vías públicas, al establecer un deber general de identificación con el riesgo de detención en el caso de que tal identidad no pudiera acreditarse".

Igualmente, los centristas pedirán durante su debate en el Senado que se suprima el artículo 21 sobre entrada en domicilios. "La entrada", afirma la nota, "queda a juicio de la policía, modificando el concepto de delito flagrante y creando la consiguiente inseguridad jurídica y desprotección de un derecho fundmental básico".

"DESCONFIANZA DE LOS JUECES"

En opinión de los centristas, la redacción del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana revela la desconfianza del Gobierno hacia los jueces por permitir sanciones administrativas, aún cuando la justicia penal sentencie que no ha habido delito o falta.

Además, esto pone de relieve "el incremento de la inseguridad jurídica de los ciudadanos al verse sometidos a un procedimiento que carece de las garantías jurídicas del proceso penal".

"En nuestra cncepción democrática del Estado", finaliza el texto, "sólo es admisible la regulación de la seguridad ciudadana como instrumento para la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades".