En este sentido, el sindicato señaló que ve un “claro desequilibrio” entre la ayuda recibida por las empresas más directamente afectadas por la crisis (2.200 millones de euros) y los hogares vulnerables (140 millones). “CCOO está de acuerdo con el apoyo a estas empresas, pero piensa que el Gobierno ha sido cicatero con las personas vulnerables”, lamentó.

En este sentido, defendió la entrega de un bono extraordinario de 300 euros a los casi 9,6 millones de asalariados que tienen ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), parados registrados y beneficiarios de pensiones mínimas o no contributivas. A su juicio, un bono no adscrito a consumos energéticos sería más eficaz, pues la crisis que se enfrenta es “también alimentaria”.

Además, destacó que el 64% de los beneficiarios serían mujeres y su coste sería de 2.870 millones de euros, financiables con el aumento de la recaudación producida por el alza de los precios de la energía.

No obstante, en líneas generales, el sindicato considera que las medidas aprobadas por el Ejecutivo responden a la emergencia en lo referido a precios de los combustibles, aunque “no resuelven aún cómo se va a afrontar el problema de los precios energéticos, y se quedan cortas en la protección de las personas más afectadas por el incremento de los precios”.

Además, señaló que una bajada generalizada de precios de combustible (20 céntimos por litro) o impuestos sobre la electricidad puede ser una “salida de emergencia razonable al conflicto” en el transporte por carretera.

SALIDAS EN FALSO

“Pero eso no debe equivocarnos. No debieran utilizarse estas medidas coyunturales como salidas en falso a la necesaria reconversión de un sector (el del transporte) donde las posiciones de personas autónomas y pequeñas empresas las hace tremendamente vulnerables al alza de gastos fijos y precios tarifados”, apuntó CCOO. En su opinión, las personas asalariadas del transporte siguen siendo las “principales paganas de esta forma ineficaz de organizar un sector, impulsada desde hace décadas”.

En todo caso, alertó de que la reducción, extendida a toda la población, “corre el riesgo de ser absorbida por productores e intermediarios”, lo que, según indicó, ya ha ocurrido en algunas gasolineras tras el anuncio. Igualmente, consideró que es una decisión de un “un carácter regresivo y, por tanto, indeseable a medio plazo”.

Por esta razón, CCOO cree que las medidas deberían tener “un carácter más quirúrgico y focalizado, y dirigirse a las actividades empresariales más afectadas por el alza de los precios de la energía y a los hogares vulnerables”. De hecho, subrayó que en esta línea van medidas como la rebaja del 80% de los peajes de las industrias electro intensivas, el apoyo a la industria consumidora de gas y las medidas en favor del transporte marítimo y terrestre (con 450 millones en ayudas directas) y agrícola, ganadero y pesquero (con otros 650 millones).

Por otra parte, aplaudió la suspensión de los despidos en empresas por causas de precios energéticos o en aquellas que se acojan a los ERTE, así como la limitación de la revalorización de los alquileres de vivienda y el aumento de los bonos sociales y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un 15%.

Por último, insistió en su idea de no acometer una bajada de impuestos de forma general y sostuvo que, con las medidas actuales, se hace “sumamente complicado” que se pueda alcanzar un acuerdo en materia de salarios en convenios colectivos entre sindicatos y patronal.