CC.OO y UGT mostraron su rechazo a lo que consideran "la utilización de dicha Fundación para justificar la incapacidad de alcanzar una acuerdo político entre el Gobierno central y el Gobierno vascoque garantice la financiación de la Fundación Vasca de Formación Continua (Hobetuz).

Para los sindicatos, la acusación de Anasagasti es " un exabrupto injustificado" porque la FORCEM está sometida al control del Trbunal de Cuentas, que "jamás ha formulado acusación alguna sobre esta Fundación", y su gestión está sujeta a los controles del Tribunal de Cuentas Europeo y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

En su opinión, las convocatorias de ayudas a la formación hechas por FORCEM han estado siempre abiertas a los trabajadores y a las empresas vascas, y ofrece "un modelo que propicia el equilibrio, facilitando una formación de demanda que permite diseñar estrategias de formación adcuadas a los requerimientos del sistema productivo estatal".