El acuerdo alcanzado la pasada semana entre el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y sus socios de investidura, ERC y EH Bildu, recoge algunas de las reclamaciones realizadas por ambos sindicatos. Entre ellas destacan la reducción de la figura de gran tenedor a aquel que sea titular de cinco viviendas, frente a las diez anteriores; y que la declaración de zona de mercado residencial tensionado solo deba cumplir uno de los dos requisitos de los que se exigían anteriormente.

También recoge la incorporación de mecanismos de control, transparencia y protección relevantes que mejoran el acceso a la vivienda, como la limitación y la regulación de los precios del alquiler, que a partir de ahora no podrán incrementarse teniendo el IPC como índice de referencia, lo que, para ambos sindicatos, favorecerá a jóvenes y colectivos con más dificultades para afrontar el pago de las rentas del alquiler.

Sin embargo, tanto UGT como CCOO lamentaron que el texto aprobado, que debe aún pasar por el Senado, no haya recogido algunas otras de sus demandas en torno a la ley, ya que apenas aborda el problema del amianto en las viviendas, “un elemento de primer orden para la seguridad y la salud de inquilinos y personas trabajadoras”.

Asimismo, criticaron que deja fuera del Consejo Asesor de Vivienda, cuya creación está prevista en la ley, a los sindicatos más representativos y no permite que también desde las administraciones locales sea posible impulsar los procedimientos para declarar zonas tensionadas. Igualmente, no garantiza de manera efectiva que no pueda haber desahucios sin solución habitacional alternativa.

Además, para ambas organizaciones sindicales, los últimos anuncios realizados por el Ejecutivo acerca de los activos inmobiliarios procedentes de la Sareb y la movilización de 50.000 viviendas para alquiler social y asequible es insuficiente, ya que de todas ellas tan solo 9.000 estarían disponibles actualmente y mayoritariamente localizadas en zonas con baja demanda y, por tanto, escasas para responder a las necesidades de las miles de familias en situación vulnerable.

Según UGT y CCOO, para responder a la demanda de viviendas sociales y alcanzar el objetivo de la ley de un parque mínimo de viviendas sociales asequibles del 20% respecto al total de hogares que residen en las zonas tensionadas, sería necesario disponer de entre uno y 1,4 millones de viviendas, unas cifras que exceden con mucho de las disponibles por parte de la Sareb o de las propuestas en los últimos días. A su juicio, para poder hacer frente a una oferta pública de estas características el Estado debería garantizar una inversión presupuestaria suficiente que financiase un parque público de vivienda en alquiler asequible desde el 0,15% actual hasta el 1% del Producto Interior Bruto.

Finalmente, recordaron que la ley aún debe finalizar su tramitación en el Senado, por lo que advirtieron de que continuarán “trabajando para mejorar el texto definitivo para que el derecho de acceso a una vivienda digna, adecuada y saludable sea una realidad”.