El primero de los artículos impugnados ante la Sala Tercera de lo contencioso-administrativodel Supremo hace referencia al requisito de llevar un mínimo de 10 años empadronado en Andalucía o Extremadura para cobrar la renta.

Para los sindicatos, este punto "atenta contra la libre circulación de los trabajadores" y tendrá una especial incidencia entre los inmigrantes, a quienes "se niega" la prestación.

El segundo de los puntos recurridos es el que aumenta la exigencia de años inscritos en el Régimen Agrario de la Seguridad Social para los mayores de 45 años que accedan a la renta agrari. Este apartado "tiene un efecto discriminatorio" sobre las mujeres, debido a su tardía incorporación al mercado laboral, según CCOO y UGT.

Además, la norma limitaba la concesión de la renta agraria a seis ocasiones, con independencia de que durante más ocasiones se sigan cumpliendo los requisitos para acceder al mismo.

Para CCOO y UGT, "no hay razón alguna que justifique el establecimiento de una limitación temporal para la percepción de la prestación, como tampoco está justificado que sean seisveces".

"Con ello", apuntan los sindicatos, "se dará el caso de trabajadores que, aún teniendo la misma situación y cumpliendo los mismos requisitos, tendrán derecho a la Renta Agraria, mientras que otros dejarán de percibirla, incluso ante una situación de mayor necesidad".