Los sindicatos respondían así a la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, quien en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander, sostenía que el Estado logrará derechos políticos de las cuotas emitidas por las cajas que reciban ayudas.

"No estoy de acuerdo con las cuotas participativas con derechos políticos", aseveró Toxo, quien dijo que le suena a que es una condición impuesta por CiU para blindar la posibilidad de fusiones más allá del ámbito de una comunidad autónoma.

Toxo dijo que es precisa una "reforma urgente" del sector financiero puesto que los riesgos son "evidentes" y más en el caso de las cajas que en el de los bancos. "Caja Castilla-La Mancha no es más que la punta del iceberg, eso lo sabe todo el mundo y hay que tomar medidas", apostilló.

Así, el secretario general de CCOO consideró que el plan de reestructuración de las entidades es "urgente" pero no debe hacerse sin la concurrencia de los interlocutores sociales. De ahí que Toxo pidiese de manera contundente al Gobierno que haga sitió a los sindicatos para formar parte de estas negociaciones antes de que el plan sea aprobado por el Consejo de Ministros.

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, manifestó que las cuotas participativas con derechos políticos son la "desnaturaleza de la naturaleza jurídica de las cajas".

No obstante, dijo que, "si hay aportación pública, tiene que ser con derechos políticos para el Estado, aunque esto genera una complejidad en el caso de las cajas", sentenció Méndez, tras apuntar que sería necesario modificar la ley de cajas.

Pero Méndez apuntó que las entidades con serios problemas que reciban ayudas por parte del Estado deberán aceptar que se quite de sus cargos a los gestores. De lo contrario "estaríamos haciendo una mala operación".